Consulta Sectorial de Educación
I.- Datos del Participante: San Luis Potosí, Mtro. Armando René Espinosa Hernández, Departamento de Investigación Educativa del Sistema Educativo Estatal Regular. Eje: Gobernabilidad Gestión Democrática, subtema Financiamiento, Azucena 121 Fraccionamiento Jardines del Sur, C. P. 78399, San Luis Potosí, México, 6407@prodigy.net.mx, 01 444 8248526.
II.- Hechos:
En nuestro país la educación ha sido concebida como un derecho social desde la promulgación de la Constitución de 1917 que consagró el espíritu filosófico, teleológico y axiológico del artículo tercero, la cual entró en tensión a partir de la introducción de visiones eficientistas propias de una política neoliberal, baste decir que no sólo la economía de las naciones sino también las orientaciones educativas de los últimos quince años están influenciadas o bien delineadas por organismos internacionales, los cuales han enfatizado en la teoría y en la praxis la importancia del desarrollo del capital humano, además las mediciones internacionales han puesto en duda y evidenciado los bajos niveles alcanzados por alumnos, escuelas, y en general por el Sistema Educativo Nacional (SEN) lo cual pareciera decirnos que no importa cuanto se invierta en educación si esta es de mala calidad, pues a pesar de que el Estado Mexicano (EM) en los últimos seis años incrementó su inversión en educación (Sexto Informe de Gobierno, 2006, 9) su índice de calidad educativa como país es mediana, según el Informe de la Fundación IDEA con una valoración de 0.946 de puntos donde el máximo es 1 (Sánchez, s.a.), aunque otras mediciones centradas más en la calificación de las habilidades, como PISA, TIMSS y ENLACE contradicen en cierto sentido lo anterior.
Aún así el EM ha seguido invirtiendo en forma creciente en educación, por ejemplo; en 1990 el gasto público fue de 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y ascendió en 2005 a 5.5%, por su parte la iniciativa privada en 1990 destinó 0.3 pero para el 2005 lo aumentó a 1.7%, pero los efectos han sido diferenciados pues las secuelas de la inflación restaron valor real al dinero invertido, de tal manera, que es posible que el SEN apenas este recuperado los valores reales de inversión de otros años debido a las secuelas en los sexenios con crisis económicas.
La importancia de la inversión en educación también esta ligada al tamaño de la población edad escolar, nuestro sistema educativo es más grande que el de varios países, para ilustrar; en 1992, año en que se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) la matrícula total en todos los niveles ascendió a 25 447 000 alumnos y durante el ciclo 2005-2006, la matrícula fue de 32 273 700, es decir durante los años de la descentralización educativa la matrícula se ha incrementado en 26.8%.
Otro de los factores a considerar es el esfuerzo financiero que hacen las entidades federativas, el cual es muy diferenciado, pues mientras en 1996 Nuevo León destinó 1.9 % a educación con respecto al gasto total, el Estado de México destinó el 37.7%. Pero para 2004 se puede observar lo siguiente:
Así mientras que en entidades como Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes y Baja California Sur, los gobiernos estatales tienen una baja participación en el gasto educativo (inferior a 6 puntos porcentuales), en otras entidades como Jalisco, México, Baja California y Nuevo León, su participación se ubica por arriba del 30%. (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2006: 16).
La evidencia internacional en cuanto medición de los efectos de la educación y relación con la inversión nos dice que la población mejora su capital social, reduce sus índices de pobreza, tiene más oportunidades labores y mejor retribuidas; se eleva la competitividad, se desarrollan mejores procesos de organización y gestión social etc.
Los estudios de la OCDE nos dan elementos para afirmar que los mejores sistemas educativos con aquellos en donde el financiamiento público de la educación es mayor al 95%:
La proporción de gasto público y privado en el total de la inversión educativa varía considerablemente en la OCDE. En algunos sistemas casi todo el gasto es público, como sucede en los países escandinavos (Finlandia 97.8 por ciento; Suecia 96.8 por ciento; Dinamarca 96.1por ciento; Noruega 95.9 por ciento). En otros, una proporción considerable del gasto es privado, como ocurre en Corea (42.9 por ciento) y Estados Unidos (30.8 por ciento). La media de la OCDE es de 87.8 por ciento de gasto público y 12.2 por ciento de gasto privado. En México las cifras son 84.6 por ciento de gasto público y 15.4 por ciento de privado.
Aún así el EM ha seguido invirtiendo en forma creciente en educación, por ejemplo; en 1990 el gasto público fue de 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y ascendió en 2005 a 5.5%, por su parte la iniciativa privada en 1990 destinó 0.3 pero para el 2005 lo aumentó a 1.7%, pero los efectos han sido diferenciados pues las secuelas de la inflación restaron valor real al dinero invertido, de tal manera, que es posible que el SEN apenas este recuperado los valores reales de inversión de otros años debido a las secuelas en los sexenios con crisis económicas.
La importancia de la inversión en educación también esta ligada al tamaño de la población edad escolar, nuestro sistema educativo es más grande que el de varios países, para ilustrar; en 1992, año en que se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) la matrícula total en todos los niveles ascendió a 25 447 000 alumnos y durante el ciclo 2005-2006, la matrícula fue de 32 273 700, es decir durante los años de la descentralización educativa la matrícula se ha incrementado en 26.8%.
Otro de los factores a considerar es el esfuerzo financiero que hacen las entidades federativas, el cual es muy diferenciado, pues mientras en 1996 Nuevo León destinó 1.9 % a educación con respecto al gasto total, el Estado de México destinó el 37.7%. Pero para 2004 se puede observar lo siguiente:
Así mientras que en entidades como Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes y Baja California Sur, los gobiernos estatales tienen una baja participación en el gasto educativo (inferior a 6 puntos porcentuales), en otras entidades como Jalisco, México, Baja California y Nuevo León, su participación se ubica por arriba del 30%. (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2006: 16).
La evidencia internacional en cuanto medición de los efectos de la educación y relación con la inversión nos dice que la población mejora su capital social, reduce sus índices de pobreza, tiene más oportunidades labores y mejor retribuidas; se eleva la competitividad, se desarrollan mejores procesos de organización y gestión social etc.
Los estudios de la OCDE nos dan elementos para afirmar que los mejores sistemas educativos con aquellos en donde el financiamiento público de la educación es mayor al 95%:
La proporción de gasto público y privado en el total de la inversión educativa varía considerablemente en la OCDE. En algunos sistemas casi todo el gasto es público, como sucede en los países escandinavos (Finlandia 97.8 por ciento; Suecia 96.8 por ciento; Dinamarca 96.1por ciento; Noruega 95.9 por ciento). En otros, una proporción considerable del gasto es privado, como ocurre en Corea (42.9 por ciento) y Estados Unidos (30.8 por ciento). La media de la OCDE es de 87.8 por ciento de gasto público y 12.2 por ciento de gasto privado. En México las cifras son 84.6 por ciento de gasto público y 15.4 por ciento de privado.
III.- Propuesta:
A.- El Estado Mexicano en términos del artículo tercero debe seguir garantizando el financiamiento público a la educación.
B.- Tal como lo demuestran los estudios de evaluación del programa de Oportunidades se hace necesarios seguir aplicando mecanismos que focalizan la atención a ciertos grupos sociales y acciones del SEN que promuevan la autonomía y la gestión en las escuelas.
C.- El financiamiento educativo entre el gobierno federal, estatal y municipal debe atender a criterios de; aprendizaje efectivo, fundamentado en un sistema de evaluación que mida la calidad del sistema educativo, exámenes que valoren el aprendizaje y evalúen a las instituciones; resarcitorio, atendiendo al grado de recaudación fiscal en las entidades; de esfuerzo financiero, realizando esfuerzos conjuntos y equilibrados; de eficiencia destinando más presupuesto a las entidades que apliquen planes educativos eficientes y el compensatorio destinado a atender los rezagos (Latapí, Ulloa, 2000, 111-145).
D.- La inversión privada en el marco de la Ley General de Educación, puede seguir invirtiendo en la educación, si que esto represente el abandono de la responsabilidad para el EM.
E.- Con respecto a experiencias sobre los denominados cheques educativos, existen estudios que revelan que es un mecanismo el cual contribuye a ampliar la brecha educativa entre la población,
F.- Experiencias como las de Nueva Zelanda demuestra que privatizar la educación no es la mejor medida[1]. El modelo de inversión que ha dado mejores resultados educativos es de los países escandinavos, en los cuales la inversión pública en promedio asciende a 96.65%.
G.- Destinar recursos para la investigación educativa en cada una de las entidades por medio de programas focalizados.
[1] Fiske B. Edward, Ladd F. Helen, “Nueva Zelanda: Los excluidos del modelo neoliberal” en Educación 2001. Revista de educación moderna para una sociedad democrática, Editorial Educación 2001 S. A. de C. V., año XII, número 140, enero 2007, pp., 31-33.
